Condado de San Diego cancela contratos de entrenamiento con ICE y CBP en campos de tiro locales
El condado de San Diego puso fin a los contratos que permitían a agentes federales de inmigración entrenar en campos de tiro locales, en una decisión que refleja la creciente tensión entre gobiernos locales y la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Los supervisores del condado votaron 3 a 2 el martes para cancelar los acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los contratos permitían a estas agencias usar una instalación propiedad del condado cerca de la frontera con México y un campo de tiro de la Marina arrendado por el condado.
La decisión afecta a una jurisdicción de aproximadamente 3.3 millones de habitantes, el quinto condado más poblado de Estados Unidos y el segundo más grande de California. Las agencias federales habían utilizado estas instalaciones durante años para entrenamiento de armas de fuego.
Motivación detrás de la decisión
"Los agentes federales de inmigración han perjudicado a nuestras comunidades de muchas maneras distintas aquí, a nivel local, y en todo el país", afirmó Monica Montgomery Steppe, una de las supervisoras que votó a favor de cancelar los contratos. "Simplemente no queremos ser cómplices de eso".
Los supervisores que impulsaron la medida citaron tiroteos fatales durante operaciones de inmigración. Según la presidenta de la junta Terra Lawson-Remer y la supervisora Paloma Aguirre, agentes del ICE han disparado y matado a 11 personas desde el inicio de la segunda administración Trump. Entre los incidentes más graves figuran las muertes de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis en enero de 2026, que provocaron protestas nacionales y contribuyeron a la salida de altos funcionarios de la administración Trump, incluyendo la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
El condado también señaló la escala de la actividad de aplicación migratoria en su territorio: el ICE removió más de 16,000 personas entre enero de 2025 y abril de 2026.
Conflicto sobre acceso de la CBP
Kelly Martinez, jefa de policía electa del condado, informó al ICE que ya no tiene acceso a las instalaciones, explicando que llegó a esa conclusión "después de varios meses de conversaciones y de escuchar las preocupaciones de la comunidad en torno a las acciones de los agentes del ICE durante confrontaciones armadas en otras partes del país".
Sin embargo, Martinez declaró que la CBP puede seguir usando una de las instalaciones del condado, creando un posible enfrentamiento con los supervisores. La jefa de policía argumentó extensamente en defensa del trabajo de la CBP para combatir el crimen fronterizo y facilitar el comercio y los viajes.
"Demasiadas personas, en ambos lados de la frontera, resultarían perjudicadas por una decisión de poner fin al uso de la instalación por parte de la CBP"
— explicó Martinez.
El contrato de la CBP con el condado tiene un valor de $110,000 anuales.
El Centro Regional de Entrenamiento de Armas de Fuego de San Diego está administrado conjuntamente por la Oficina del Sheriff, la Fiscalía del Distrito del condado y el FBI, lo que explica por qué la posición de Martinez tiene peso en esta controversia.
Impacto operacional y reacciones
Rodney Scott, titular de la CBP, indicó que la agencia depende del campo de tiro del condado para entrenar a 1,700 agentes. Sin acceso a esta instalación, los agentes serían enviados a otros lugares para el entrenamiento obligatorio con armas de fuego, reduciendo el personal local y afectando el comercio y los viajes a través de la frontera.
"Es algo sin precedentes que un socio local, como la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, socave deliberadamente la seguridad fronteriza y ponga en riesgo a nuestras comunidades"
— señaló Scott en un comunicado.
El ICE acumuló más de 3,300 horas de entrenamiento en el centro desde 2024 bajo un acuerdo vigente desde 2021. La CBP mantiene un acuerdo desde 2017.
Oposición interna
Jim Desmond, supervisor del condado que votó en contra de la medida, sostuvo que las agencias del orden deberían trabajar y entrenarse juntas.
"El ICE se ha excedido y se ha sobrepasado, pero ¿cómo se arregla eso? Se arregla con más entrenamiento"
— manifestó.
Contexto regional más amplio
Esta decisión se produce en medio de debates similares en otras comunidades. La cercana ciudad de Escondido ha entrenado agentes del ICE en su polígono de tiro desde 2014 bajo un contrato renovado en 2026 que vale $22,500 anuales, lo que provocó semanas de manifestaciones de residentes. Sin embargo, Escondido optó por mantener vigente el acuerdo.
Otras comunidades en Nueva York y Minnesota también debatieron si permitir que agentes de inmigración utilicen sus campos de tiro, pero decidieron mantener los contratos.
San Diego County había aprobado previamente en diciembre de 2024 una política que impide a la policía local cooperar activamente con el ICE en casos de inmigración civil, en una votación de 3-1. Esta acción va más allá de la ley estatal de California de 2017 (SB 54, conocida como California Values Act), que ya limita la colaboración entre las fuerzas del orden locales y los oficiales federales de inmigración.
"Nuestra comunidad es un hogar, no un objetivo"
— dijo Terra Lawson-Remer, presidenta de la junta y una de las dos supervisoras que propuso poner fin a los contratos.
"Si el gobierno de Trump quiere gastar miles de millones en esta agenda de ley y deportación, puede usar sus propios recursos federales para llevarla a cabo".
